Informe alerta que la neurotecnología amenaza la privacidad y los derechos humanos y pide regular su acceso y aplicación.
Los avances en neurotecnología y su combinación con la inteligencia artificial (IA) plantean nuevos riesgos para los derechos humanos, especialmente por la posibilidad de utilizar datos cerebrales en investigaciones y procesos judiciales, según un informe presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y divulgado por Inter Press Service (IPS).
El documento advierte que las señales cerebrales captadas por dispositivos destinados a videojuegos, bienestar o productividad podrían llegar a utilizarse como pruebas en tribunales, lo que abriría interrogantes sobre la privacidad, la libertad de pensamiento y las garantías de un juicio justo.
La subsecretaria general para los Derechos Humanos, Claudia Fuentes Julio, presentó el informe, que examina la expansión de estas tecnologías en los sistemas de justicia y los riesgos derivados de su convergencia con herramientas de inteligencia artificial.
«Las señales cerebrales registradas por un dispositivo de videojuegos o un dispositivo de bienestar podrían algún día utilizarse como prueba en su contra en un tribunal», advierte el documento.
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Datos cerebrales bajo escrutinio judicial
Actualmente, uno de los usos más comunes de la neurotecnología en el ámbito legal consiste en presentar neuroimágenes como pruebas médicas o periciales para demostrar discapacidades psicosociales o dificultades relacionadas con la capacidad de una persona.
Sin embargo, el informe también señala que estas herramientas se han utilizado durante interrogatorios para intentar detectar mentiras mediante el análisis de la actividad cerebral y técnicas de imágenes por resonancia magnética. Otras modalidades buscan identificar información oculta o indicios relacionados con una posible admisión de culpabilidad.
Las investigaciones citadas en el documento plantean que la combinación de neurotecnología e inteligencia artificial podría facilitar la elaboración de perfiles psicológicos individualizados y contribuir a predecir comportamientos.
Otra posibilidad es la llamada decodificación neuronal, mediante la cual los algoritmos intentan traducir señales cerebrales en información interpretable sobre pensamientos, intenciones o recuerdos.
El informe advierte que tratar esas señales como indicadores directos de la veracidad, las intenciones o los pensamientos de una persona podría afectar la forma en que se evalúa su conducta y se determina su responsabilidad jurídica.
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Piden límites legales y protección de datos
La comercialización creciente de dispositivos neuronales constituye otra fuente de preocupación. Las empresas tecnológicas recopilan datos mediante equipos portátiles de electroencefalografía utilizados en actividades de bienestar, videojuegos y productividad.
Según el informe, las autoridades podrían acceder a esos registros o presentarlos como pruebas judiciales. Los riesgos serían mayores en investigaciones vinculadas con la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional, donde las condiciones legales para acceder a determinados datos pueden ser más flexibles.
Aunque estas tecnologías tienen aplicaciones médicas para diagnosticar, tratar, monitorizar o modular el sistema nervioso, su utilización fuera de esos fines requiere garantías específicas, sostiene el documento.
Fuentes Julio defendió la adopción de salvaguardias legales y éticas más estrictas, consentimiento informado, validación científica, supervisión, rendición de cuentas y protección de los datos neuronales.
Asimismo, instó a los Estados miembros de la ONU a establecer marcos normativos compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos para regular el desarrollo y uso de estas herramientas, incluidas las creadas por empresas privadas.
Entre las medidas propuestas figura prohibir el uso obligatorio o coercitivo de neurotecnologías en la administración de justicia para detectar engaños, predecir conductas o intentar descifrar pensamientos, intenciones y recuerdos.
El informe también plantea impedir su utilización para tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como para ejercer control social o imponer comportamientos mediante coerción.
