Piden reubicar proyecto fuera de zona protegida donde hay daños en manglares de Manzanillo
La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) depositaron una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el proyecto Manzanillo Gas & Power.
Las entidades solicitaron mediante una medida cautelar detener la intervención del área y reubicar el proyecto fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa de Manzanillo, en la provincia Montecristi.
También pidieron procesar al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, a quien atribuyen responsabilidad como coautor, omisor y promotor de la instalación de dos plantas privadas de generación eléctrica de 860 megavatios, alimentadas con gas natural licuado.
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Piden sanciones y restauración
Las organizaciones solicitaron una condena de 10 años de prisión para el funcionario y una medida de coerción real de 50 millones de dólares, o su equivalente en pesos dominicanos, como garantía para restaurar los 575 mil metros cuadrados de vegetación que, según denuncian, fueron destruidos.
También reclamaron indemnizaciones por los daños ocasionados a recolectores de crustáceos y pescadores.
Las entidades sostienen que las instalaciones fueron autorizadas a 55 metros por un lado y 119 metros por otro del área de mayor concentración de manglares del Caribe insular.
Según su denuncia, el proyecto representa una inversión superior a 1,750 millones de dólares y podría afectar los manglares por emisiones, aguas residuales, tránsito terrestre y el recalentamiento del agua de la Bahía de Manzanillo provocado por un buque de regasificación.
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Cuestionan ubicación del proyecto
Las organizaciones también denunciaron el relleno de humedales y lagunas para construir el puerto y el gasoducto. Señalaron que estos cuerpos de agua están protegidos por el convenio internacional Ramsar, adoptado en 1971 y vigente desde 1975.
Como fundamento legal, citaron la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, la Ley de Áreas Protegidas 202-04 y la Resolución 0010/2028, además de disposiciones de la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normas.
Sobre la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las organizaciones afirmaron que, durante conversaciones con el BID y el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID (MICI), la entidad reconoció que el proyecto está ubicado en la zona de amortiguamiento.
Según las organizaciones, el BID sostuvo que fueron las autoridades dominicanas quienes determinaron esa ubicación y que el Gobierno también estableció que el proyecto utilizara gas natural licuado.
