El impacto de la imagen de una mujer de 87 años siendo desalojada de su casa en camilla y dirigida hacia una ambulancia sigue reverberando en España.
Luego de que el Consejo de Ministros aprobara dos decretos-ley para proteger a personas vulnerables ante los desahucios y encontrar una solución a la crisis de vivienda, la medida (que ahora se conoce como los ‘decretos Maricarmen’) ha salvado de la calle a una primera persona.
Se trata de Macarena, una vecina del barrio de Sant Andreu en Barcelona, a la que un juez suspendió una orden de desahucio que intentaba ejecutarse por segunda vez.
La mujer, que vivía en el apartamento desde 2017 sin tener un contrato formal, pagaba 850 euros por el alquiler, bajo un acuerdo verbal. Inicialmente, el arrendador le ofreció continuar pagando el mismo monto, pero por una sola habitación.
Ella rechazó esa opción y condicionó cualquier nuevo acuerdo a la firma de un contrato legal, a lo que el propietario se negó y solicitó el desahucio.
Macarena tiene un diagnóstico de problemas de salud mental. Sus vecinos la protegieron de un primer intento de lanzamiento en julio pasado. Esta vez, cientos de personas se reunieron en los alrededores de la vivienda para celebrar que el drama de Maricarmen ha servido para proteger a Macarena.
“Hoy la Maca se queda en su casa. Mañana los votos del Congreso han de decidir si este decreto sigue vigente, o si a la Maca se la habría debido desahuciar”, apuntó en una publicación en X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, cuyos abogados asistieron a Macarena en su intento de frenar el desalojo.
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Efectivamente, los decretos-reales aprobados por el Consejo de Ministros tras una negociación entre los dos partidos del Ejecutivo, PSOE y Sumar, enfrentan ahora un desafío más cuesta arriba: superar la oposición de las facciones de derecha para conseguir el visto bueno en el Congreso de los Diputados.
El examen definitivo
El poder legislativo español ha convocado un pleno extraordinario para este 2 de octubre, en el que se considerarán las dos medidas: una que protege de desalojos hasta 2030, que el Gobierno ha presentado como un escudo social para los hogares vulnerables, y otra que ordena la renovación automática de los contratos de arrendamiento en determinados casos.
La segundo es precisamente la que ha enfrentado la oposición más fuerte por parte de factores como el centro-derechista Junts, que teme que disposiciones muy amplias no distingan entre pequeños propietarios y los llamados “fondos buitre”, grandes capitales que adquieren miles de inmuebles, generalmente destinados a alquiler turístico.
Esta práctica es identificada por activistas y por el Gobierno de Pedro Sánchez como un componente central en la crisis de vivienda en España.
El presidente Sánchez dejó claro este 1 de octubre que no espera hacer concesiones cuando los decretos sean sometidos al escrutinio parlamentario.
“Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy con el caso de Macarena en Barcelona”, aseguró en una publicación en X.
En ella apeló directamente a los factores de resistencia en el Congreso: “Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras”.
Las negociaciones al filo de la madrugada entre PSOE y Sumar permitieron abordar de emergencia la situación de Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que atrajo la atención sobre el drama de los desahucios y que podrá regresar a la que ha sido su casa por 71 años.
Ahora, los acuerdos a plena luz del día dejarán claras las posiciones de las facciones que han objetado que esas soluciones coyunturales se conviertan en protecciones duraderas.
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Lo harán, además, ante los ojos atentos de centenares de personas que protagonizan acampadas convocadas por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas para presionar por respuestas efectivas.
Junts ya ha adelantado que no avalará los decretos y pide que se redacte un nuevo instrumento en su lugar. “No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas”, afirmó la portavoz del partido independentista Míriam Nogueras.
Un voto en contra de esta bancada prácticamente sepultaría la perspectiva de un acuerdo, pues se espera que el Partido Popular y Vox rechacen los decretos.
Con medios locales
