Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación vuelve a abrir nuevas líneas a partir del reanálisis de registros telefónicos, documentos y otros elementos del caso. Las autoridades mexicanas investigan posibles vínculos con funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala, mientras el rastreo de teléfonos utilizados después de la desaparición ha permitido identificar a nuevos sujetos de investigación. ¿Qué aportan estas pistas y hasta dónde pueden ayudar a esclarecer qué ocurrió con los estudiantes? Lo analizamos en El Debate de France 24.
A doce años de la tragedia que conmocionó a México, el caso Ayotzinapa vuelve al centro del debate internacional. El nuevo informe oficial retoma dos elementos particularmente sensibles de la investigación: por un lado, plantea que un grupo de funerarias de Iguala pudo haber tenido algún tipo de vínculo con integrantes de Guerreros Unidos y que sus instalaciones o servicios pudieron haber sido utilizados para la posible incineración de cuerpos.
Por otro, analiza comunicaciones realizadas desde teléfonos celulares de algunos de los estudiantes después de su desaparición, incluidas llamadas que habrían involucrado a trabajadores de funerarias y a policías municipales o estatales.
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Estas nuevas líneas abren preguntas sobre cuánto se ha avanzado realmente en esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, poniendo sobre la mesa una discusión sobre qué elementos son verdaderamente nuevos y cuáles ya habían aparecido en investigaciones anteriores, incluidas las realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Frente a este panorama, en France 24, voces expertas llaman a la «prudencia científica y jurídica».
Ángela María Buitrago, exintegrante del GIEI y especialista que ha seguido de cerca el caso, advierte sobre los riesgos de los anuncios oficiales sin sustento técnico definitivo: “Hacer una afirmación genérica de que se encontraron restos y que se vincule con el caso de los 43 de manera absolutamente etérea es un perjuicio para los padres… Necesitamos una prueba de ADN para saber de quién es”.
En la misma línea, César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal y Militar, señala que si bien ordenar la información aporta coherencia, la falta de certezas periciales mantiene estancado el proceso. “Ayuda a lo que han estado realizando, si trata de dar congruencia, sí… pero si esos nuevos indicios no van de la mano con dictámenes periciales, pruebas genéticas que nos den certeza de qué sucedió, me parece que vamos a seguir como hemos estado”.
A más de una década de la tragedia, la verdad jurídica sigue siendo una deuda pendiente, donde la incertidumbre por la falta de pruebas científicas perpetúa el clamor de justicia.
Nos acompañan en esta emisión:
- Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó la desaparición de los estudiantes y del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que examinó el caso entre 2015 y 2016.
- César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional.
