El tribunal dictó prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas
SANTO DOMINGO.— La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este domingo prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas a los procesados en la Operación Cobra 2.0-A, investigación del Ministerio Público sobre una presunta red de corrupción administrativa vinculada al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y a la sustracción de fondos públicos.
El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja, mientras que la revisión obligatoria de las medidas de coerción fue fijada para el 22 de diciembre de 2026. La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, tras analizar las pruebas presentadas por el órgano acusador.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, consideró razonable la decisión y afirmó que constituye un reconocimiento a la investigación desarrollada por el Ministerio Público.
Ocho imputados cumplirán prisión preventiva
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplir la medida durante 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.
También fueron enviados a prisión preventiva Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes cumplirán la medida en el CCR Najayo Mujeres.
El arresto domiciliario fue impuesto a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
A Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo se les impuso una garantía económica de RD$2 millones mediante compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario.
En tanto, Martha María Saldaña Saldaña deberá pagar una garantía de RD$3 millones, además de cumplir impedimento de salida y arresto domiciliario. A José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré se les impuso una garantía de RD$1 millón, impedimento de salida y presentación periódica.
Ministerio Público dice que investigación continúa
Wilson Camacho exhortó a los médicos a no prestar sus códigos, al señalar que esa práctica puede vincularlos a procesos penales. Indicó que 22 médicos fueron procesados en este caso y sostuvo que, de no haberse prestado esos códigos, el proceso no habría existido.
El procurador adjunto afirmó además que la investigación sobre lo ocurrido en SeNaSa no concluye con esta etapa y adelantó que el Ministerio Público continuará con nuevas líneas de investigación.
El equipo litigante estuvo encabezado por Wilson Camacho, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
El Ministerio Público sostiene que el caso procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según la acusación, fueron sustraídos al Estado dominicano. A los procesados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación también incluye la Operación Onco14, ejecutada en junio, mediante la cual fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, vinculados, según el órgano acusador, a maniobras fraudulentas que afectaron al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al SeNaSa.
Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Dilcia Isabel Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
