Wilson Camacho destaca la evidencia presentada y espera coerción solicitada por el Ministerio Público
SANTO DOMINGO.— Un total de 706 medios de prueba presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de medida de coerción de la Operación Cobra 2.0-A llevaron, según informó el procurador adjunto Wilson Camacho, a que al menos 13 imputados admitieran los hechos atribuidos ante el tribunal.
Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, afirmó que la cantidad y el contenido de las evidencias constituyen, a su juicio, un elemento central de la investigación relacionada con una presunta red de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos mediante operaciones vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El funcionario habló a la salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde concluyó la presentación de la solicitud de medida de coerción y el juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
“Esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de la investigación que ha realizado el Ministerio Público”, sostuvo Camacho, quien manifestó su expectativa de que el tribunal acoja las medidas solicitadas por el órgano persecutor.
Imputados admitieron los hechos
Camacho encabezó el equipo litigante del Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
De acuerdo con Camacho, algunos de los implicados colaboraron con la investigación, admitieron los hechos y pidieron excusas ante el tribunal. Por esa colaboración, el Ministerio Público solicitó que se les imponga arresto domiciliario.
La petición comprende a Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo. Estos imputados cumplirían la medida en los domicilios aportados al tribunal.
En cambio, el Ministerio Público mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo, Rodríguez Nova, Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Pepca resalta el derecho a la salud
Durante la audiencia, Mirna Ortiz sostuvo que el bien jurídico protegido en el proceso es el derecho a la salud y rechazó que el caso pueda reducirse exclusivamente a los montos económicos presuntamente recibidos por los imputados.
La titular de la Pepca explicó que la etapa de coerción busca establecer la vinculación necesaria entre los hechos y los imputados, mientras continúa abierta la investigación. También señaló que algunos montos presuntamente entregados no podrían ser rastreados mediante transacciones bancarias porque, según declaraciones incorporadas al proceso, habrían sido entregados en efectivo y demostrados mediante otros medios de prueba.
Los fiscales solicitaron que el caso sea declarado complejo debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de la alegada existencia de delincuencia organizada.
La investigación corresponde a una segunda etapa de la Operación Cobra, iniciada el pasado año con el arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, junto a otros nueve imputados.
El órgano acusador procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según la acusación, habrían sido sustraídos al Estado dominicano. Entre los cargos atribuidos figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Como parte de las investigaciones relacionadas, el Ministerio Público también puso en marcha en junio la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas por una estructura que, según el órgano acusador, realizó maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes afectados por cáncer y el SeNaSa.
El fallo sobre las medidas de coerción solicitadas en la Operación Cobra 2.0-A quedó fijado para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
