La inseguridad en Perú dejó de ser un problema exclusivamente policial para convertirse en uno de los principales frenos de la economía del país. Los transportistas figuran entre los gremios más afectados por las extorsiones y otros delitos que impactan la actividad productiva. Según datos oficiales, el costo económico de la criminalidad ronda los 20.000 millones de soles anuales, equivalentes a más de 5.000 millones de euros. Las familias y el sector privado asumen la mayor parte de esta carga, mientras que el Estado destina recursos limitados para mitigar las consecuencias de la inseguridad.
