Propone revisar las garantías procesales frente al crimen organizado
PUERTO PLATA.- El abogado y politólogo Eddy Alcántara planteó la necesidad de reformar las normas procesales y leyes sectoriales de República Dominicana para fortalecer la persecución del delito y el crimen organizado, al considerar que el combate a la criminalidad requiere revisar el equilibrio entre las garantías ciudadanas y la efectividad de la justicia.
La propuesta fue presentada durante la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho, celebrado en Puerto Plata bajo el lema “Estado constitucional, democracia y garantías fundamentales”.
Alcántara explicó que el país cuenta con un nuevo Código Penal que incorpora sanciones para conductas que anteriormente no estaban tipificadas. Sin embargo, sostuvo que también debe prestarse atención a la etapa procesal que precede a las decisiones definitivas de los tribunales.
En ese sentido, consideró necesario revisar las disposiciones que regulan los procesos judiciales, particularmente aquellas relacionadas con los derechos individuales y colectivos, para evitar que personas acusadas de delitos graves puedan obtener con facilidad su libertad provisional o definitiva.
Asimismo, planteó que las agencias responsables de la vigilancia, investigación, persecución y sanción del delito deben contar con herramientas y garantías que les permitan enfrentar de manera efectiva al crimen organizado.
El jurista cuestionó que determinadas disposiciones procesales puedan generar condiciones que, a su juicio, terminen favoreciendo la comisión de delitos. Por ello, propuso revisar el marco legal sin desconocer los derechos fundamentales.
Además, llamó a fortalecer la responsabilidad de los funcionarios encargados de perseguir y sancionar las acciones delictivas, bajo criterios de eficiencia y apego a la ley.
Durante su ponencia, Alcántara sostuvo que el crimen organizado del siglo XXI enfrenta a los Estados a desafíos vinculados con la lentitud de los procesos, la corrupción institucional y el rezago tecnológico.
Afirmó que la respuesta debe ser firme, pero compatible con los principios democráticos, mediante el uso de inteligencia, tecnología, reforma policial y acciones contra la corrupción.
