La decisión protege a extranjeros frente a deportaciones basadas en sus opiniones políticas.
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la intención de la Administración del presidente Donald Trump de utilizar las leyes migratorias para deportar a extranjeros por sus discursos políticos, al considerar que esa práctica contradice derechos protegidos por la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
El magistrado Noël Wise falló a favor de una demanda presentada por el periódico estudiantil Stanford Daily contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por el uso de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para revocar visados y promover la deportación de estudiantes extranjeros debido a sus opiniones políticas.
La publicación argumentó que estas acciones gubernamentales tenían además un efecto disuasorio sobre los estudiantes, al llevarlos a evitar escribir artículos de opinión críticos con la Administración.
Wise sostuvo que la libertad de expresión no depende de una decisión del Gobierno, sino que constituye un derecho protegido constitucionalmente. En su razonamiento, destacó que incluso las opiniones que puedan resultar ofensivas o rechazadas por parte de la sociedad están amparadas por las garantías constitucionales.
La demanda también incluye el caso de una mujer no identificada que reside en Estados Unidos y que ingresó al país con visado de estudiante. Según los documentos judiciales, la mujer evitó expresar públicamente sus opiniones sobre Palestina e Israel y eliminó una cuenta en redes sociales por temor a represalias relacionadas con declaraciones anteriores.
La sentencia se produce después de que el Gobierno estadounidense lanzara el año pasado una campaña dirigida a revocar visados y deportar a estudiantes extranjeros propalestinos.
Entre los casos mencionados figuran los activistas de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil y Mohsen Mahdawi, la doctoranda de la Universidad Tufts Rümeysa Öztürk y el académico de la Universidad de Georgetown Badar Khan Suri, quienes fueron deportados.
La decisión judicial establece así un límite al uso de las normas migratorias cuando estas afectan derechos constitucionales vinculados con la libertad de expresión. Con datos de Europa Press.
