La demanda busca impedir que nuevas condiciones federales afecten servicios de salud reproductiva para millones.
NUEVA YORK.— Este miércoles una coalición de 22 estados demandó al Gobierno federal para bloquear nuevas condiciones impuestas a los fondos del Título X, al considerar que amenazan el acceso a planificación familiar, anticonceptivos, pruebas de cáncer y otros servicios preventivos para millones de estadounidenses.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland y cuestiona los nuevos requisitos establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) para el próximo ciclo de subvenciones de cinco años.
Según los estados demandantes, por primera vez el Gobierno federal exige que quienes soliciten o reciban estos recursos ajusten sus programas a un amplio conjunto de prioridades políticas de la administración Trump.
Entre esas condiciones figuran la eliminación de prácticas de diversidad, equidad e inclusión; la exclusión y estigmatización de personas transgénero; el desaliento del uso de anticonceptivos en favor de la planificación familiar natural y la exigencia de que las clínicas orienten a los pacientes sobre matrimonio y paternidad, en lugar de ofrecer asesoramiento neutral y centrado en el paciente.
Los proveedores que no cumplan con esas prioridades podrían perder completamente la financiación federal.
“Luchamos para proteger el Título X durante la primera administración Trump, y hoy volvemos a los tribunales para defenderlo nuevamente”, afirmó James, quien sostuvo que Nueva York continuará enfrentando los intentos de utilizar fondos federales para imponer una agenda política a los estados.
Más de 250,000 pacientes en Nueva York
El Título X es el único programa federal de subvenciones destinado específicamente a la planificación familiar y servicios preventivos relacionados. Durante más de cinco décadas ha permitido a millones de pacientes de bajos ingresos acceder a anticonceptivos, detección de cáncer, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, así como pruebas y asesoramiento sobre el embarazo.
En Nueva York, los recursos del programa respaldan a 165 centros de salud que atienden a más de 250,000 pacientes. Más de dos tercios de ellos recibieron atención gratuita debido a que sus ingresos estaban por debajo del umbral federal de pobreza.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York recibe aproximadamente 11.1 millones de dólares anuales mediante el Título X, mientras Public Health Solutions, organización sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York que recibe estos recursos desde principios de la década de 1980, canaliza fondos hacia proveedores y otros subbeneficiarios.
Si Nueva York pierde esos recursos, el Departamento de Salud podría verse obligado a reducir personal y rescindir contratos a partir del 1 de abril de 2027.
Antecedentes de las restricciones
La coalición recordó que durante el primer mandato del presidente Trump una política federal similar provocó que casi una cuarta parte de los beneficiarios del Título X abandonara el programa.
Seis estados, entre ellos Nueva York, perdieron más de la mitad de sus clínicas del Título X, mientras que a nivel nacional la cantidad de pacientes atendidos mediante el programa cayó más de 60 % en apenas dos años.
En 2019, La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una demanda contra aquella política, pero posteriormente la administración Biden derogó la norma antes de que la Corte Suprema emitiera una decisión definitiva.
Ahora, los estados sostienen que las nuevas condiciones del HHS contradicen las leyes y regulaciones que rigen el Título X, que requieren ofrecer una amplia variedad de métodos anticonceptivos, asesoramiento no directivo y atención inclusiva y no discriminatoria, incluidas las personas LGBTQ+.
También argumentan que el HHS impuso los nuevos requisitos sin cumplir el procedimiento de notificación y comentarios establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo y que las condiciones son demasiado vagas para que los proveedores puedan determinar claramente qué deben cumplir.
La coalición solicita al tribunal declarar ilegales las nuevas condiciones, impedir que el HHS las aplique y preservar el acceso a los fondos del Título X conforme a las reglas vigentes del programa.
La demanda fue codirigida por los fiscales generales de Maryland y Massachusetts y cuenta con la participación de los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además de los gobernadores de Pensilvania y Kentucky.
Nota: La imagen que acompaña este artículo fue creada con inteligencia artificial.
