El proceso involucra a 14 personas físicas y jurídicas por sobornos de RD$108 millones.
SANTO DOMINGO. -El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó el arresto domiciliario contra Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, uno de los 14 acusados de integrar una red que, según el Ministerio Público, distribuyó RD$108,080,359.92 en sobornos para garantizar contratos de servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
La decisión fue adoptada el jueves por el juez Deybi Timoteo Peguero, a solicitud del Ministerio Público, durante una audiencia en la que los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al órgano acusador.
Fernández Espinal había solicitado la variación de la medida de coerción, pero el tribunal decidió mantener el arresto domiciliario. El imputado es procesado junto a otras 13 personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente.
En la misma audiencia, el magistrado modificó la modalidad de cumplimiento de la garantía económica impuesta a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase). La garantía, fijada en RD$5 millones, que debía ser pagada en efectivo, podrá cumplirse mediante contrato.
La fiscal Rosa María Pichardo explicó a los medios que las solicitudes de variación fueron presentadas por Fernández y Rodríguez, y precisó que, mientras al primero se le mantuvo el arresto domiciliario, al segundo solo se le modificó la modalidad de pago de la garantía económica.
El Ministerio Público informó además que la audiencia preliminar fue fijada para el próximo 7 de septiembre, fecha en la que continuará el proceso judicial.
Acusación presentada en julio
En julio, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra las 14 personas físicas y jurídicas señaladas como integrantes de la red de sobornos.
Entre los acusados figuran exdirectores y encargados de seguridad de EdeSur, Edenorte, EdeEste, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), además de representantes y propietarios de empresas vinculadas al expediente.
La acusación también incluye a las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
De acuerdo con el expediente, los sobornos ascendieron a RD$108,080,359.92 y habrían sido exigidos y recibidos por responsables de seguridad institucional y otros funcionarios para favorecer a contratistas de servicios de seguridad privada.
La investigación fue iniciada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según las pesquisas, la red habría utilizado la manipulación de contratos y el cobro sistemático de sobornos para beneficiar a contratistas. El expediente señala específicamente a Senase por pagos realizados entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el objetivo de asegurar la permanencia de contratos adjudicados.
