El expediente de supuesto desfalco superior a RD$6,000 millones al Estado incluye 34 líneas de imputación
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público reiteró la contundencia probatoria de las 34 líneas de imputación contenidas en la acusación por corrupción administrativa contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes, expediente en el que atribuye una estructura organizada para la depredación sistemática del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR).
El órgano persecutor sostuvo que el expediente se encuentra entre los casos con mayor cantidad de líneas de investigación en la historia del país, debido a la multiplicidad y gravedad de las acciones delictivas que, según afirmó, fueron detectadas y documentadas durante la investigación.
De acuerdo con el Ministerio Público, la acusación contempla la sustracción y desfalco de más de RD$6,000 millones al Estado dominicano, con una afectación directa al patrimonio público y al sistema de justicia.
“Bajo la dirección del principal acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se orquestó una conducta criminal planificada y sostenida”, afirmó el órgano de justicia, que agregó que la estructura habría utilizado la institucionalidad para acumular riqueza ilícita mediante fondos públicos y desarrollar una carrera política.
34 líneas de investigación
Entre las imputaciones citadas por el Ministerio Público figura el supuesto uso del Comité de Compras y Contrataciones para defraudar, desfalcar y apropiarse de fondos públicos, además de manipular procesos y utilizar actas que, según la acusación, eran falsas.
También se incluye una presunta estafa en el suministro de alimentos destinados a recintos penitenciarios y centros de menores, con una población afectada de más de 27,000 privados de libertad.
La acusación contempla, además, falsificación y manipulación digital de firmas y sellos, así como la destrucción masiva de archivos públicos de compras durante julio y agosto de 2020, acciones que el Ministerio Público vincula con intentos de ocultar actos ilícitos.
Otro de los ejes señalados corresponde a la contratación fraudulenta del laboratorio de ADN del Inacif, que habría provocado pérdidas millonarias mediante la adquisición de equipos considerados inservibles.
El órgano acusador también incluye el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, incluido el CCR La Nueva Victoria, dentro de las líneas investigativas relacionadas con presuntos sobornos y lavado de activos mediante empresas contratistas.
La acusación menciona igualmente presuntos pagos por bienes no entregados, desfalcos mediante boletos aéreos y hospedajes, fraccionamiento de contrataciones para favorecer empresas específicas y supuesto financiamiento ilícito de una carrera política mediante recursos, nómina e instalaciones públicas.
Entre las imputaciones figura la adquisición de una sede política por US$1,268,500 mediante presuntos prestanombres y pagos en efectivo, así como la creación de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para promover tendencias políticas y campañas de descrédito.
El expediente también incluye el supuesto pago de empleados fantasmas que debían devolver entre 85 % y 90 % de sus salarios, recursos que, según el Ministerio Público, eran destinados a financiar la denominada “granja de bots”.
Bienes, contratos y patrimonio
Las líneas restantes abarcan presuntos fraudes en la subasta de bienes incautados, irregularidades en la Unidad de Custodia de Bienes Incautados, desvío de armas y otros bienes decomisados, sobrevaluación de equipos de antropología forense y contratos simulados de transporte.
El Ministerio Público también señala supuestos desvíos de materiales de construcción, adquisición irregular de bloqueadores de señal, cobro compulsivo de sobornos, fraude inmobiliario y sabotaje informático, incluyendo borrado de bases de datos y uso de software de espionaje.
La acusación incorpora además la presunta adquisición y equipamiento fraudulento de una villa en Casa de Campo y un yate con dinero proveniente de sobornos, así como la compra de un local para oficinas por más de RD$60 millones.
Finalmente, el Ministerio Público incluye una línea relacionada con la declaración jurada y enriquecimiento ilícito, por presunto ocultamiento de patrimonio, y otra sobre lavado de activos corporativos mediante decenas de sociedades fachada.
El órgano persecutor reiteró su compromiso de procurar sanciones ante los tribunales y recuperar el patrimonio que, según sostiene, fue sustraído al Estado dominicano, al tiempo que calificó el caso como una red que habría provocado un daño institucional, económico y moral de gran magnitud.
