Preocupa detención de Lee Man Hee, líder religioso de 95 años en país
Por Nicolás Arroyo Ramos
SEÚL, Corea del Sur: Organizaciones de Derechos Humanos Sin Fronteras (HRWF), junto con la Coordinación de Asociaciones y Particulares por la Libertad de Conciencia (CAP LC), organización acreditada con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), el Foro Europeo para la Libertad Religiosa (FOREF), el Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR) y la revista Bitter Winter, expusieron en conferencia de prensa internacional acerca de los desafíos de la libertad religiosa y de expresión y analizaron de manera especial el caso del apresamiento del líder religioso de 95 años y promotor de la paz mundial Lee Man Hee, tras considerarlo un caso inaceptable.
En la conferencia de prensa realizada en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl, se abordaron temas relacionados con la libertad religiosa y de expresión en Corea del Sur y se mostraron preocupaciones por el trato que reciben los líderes religiosos de edad avanzada en prisión preventiva, particularmente en lo relativo a la proporcionalidad de esta medida, las consideraciones humanitarias y el respeto al debido proceso.
Las organizaciones instaron a las autoridades surcoreanas a revisar la detención del presidente de Shincheonji, Lee Man Hee, de 95 años, y a garantizar que las medidas jurídicas y administrativas aplicadas a las minorías religiosas sean neutrales, proporcionales y acordes con las obligaciones internacionales de Corea del Sur en materia de derechos humanos. Asimismo, señalaron estas consideraciones en relación con la Sra. Hak-ja Han Moon, de 83 años, de la Federación de Familias.
Expusieron que los asuntos tratados en la conferencia de prensa internacional forman parte de un patrón más amplio de preocupaciones relacionadas con la libertad de religión o de creencias en Corea del Sur. También han persistido inquietudes en torno a la Iglesia Segero, en Busan, que, según se informa, ha continuado enfrentando hostigamiento y escrutinio oficial incluso después de que el pastor Son Hyun-bo fuera puesto en libertad.
Los informes también han planteado interrogantes sobre la objeción de conciencia, la hostilidad pública hacia un proyecto de mezquita en Daegu y las adaptaciones por motivos religiosos en entornos educativos. Durante las últimas décadas, HRWF ha documentado el encarcelamiento de cientos de Testigos de Jehová en Corea del Sur por objeción de conciencia y, aunque posteriormente se introdujo un servicio civil alternativo, los críticos sostienen que este se ha aplicado de manera punitiva en lugar de constituir una alternativa genuina que respete los derechos, especialmente porque exige 36 meses de servicio en centros penitenciarios, el doble de la duración del servicio militar ordinario. Decisiones judiciales recientes también han confirmado aspectos fundamentales de este sistema frente a impugnaciones constitucionales.
Al inaugurar la conferencia, Hans Noot, director asociado de HRWF, afirmó que las cuestiones en juego “se encuentran en el corazón de la sociedad democrática”, y advirtió que cuando las comunidades religiosas son estigmatizadas, las reuniones pacíficas son restringidas y la disidencia es tratada como un problema que debe contenerse, las consecuencias “se extienden mucho más allá de un solo grupo o caso”. Señaló que la conferencia no tenía como propósito defender una teología o movimiento en particular, sino “defender un principio: que los derechos fundamentales se aplican por igual a todos”.
Thierry Valle, presidente de la Coordinación de Asociaciones y Particulares por la Libertad de Conciencia (CAP LC), abordó la legalidad de la detención del presidente Lee conforme al derecho internacional. Al referirse a la ratificación por parte de Corea del Sur del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1990 y de la Convención contra la Tortura en 1995, cuestionó si mantener a una persona de 95 años en prisión preventiva es compatible con dichas obligaciones. Subrayó que la presunción de inocencia debe prevalecer sobre cualquier presunción de culpabilidad.
En los países democráticos existen medidas alternativas más proporcionales y humanas que respetan la presunción de inocencia y la dignidad humana. Asimismo, citó precedentes como la puesta en libertad bajo fianza del cardenal Joseph Zen en Hong Kong en 2022 y la decisión de Vietnam de colocar al patriarca budista Thich Quang Do bajo arresto domiciliario en lugar de mantenerlo en prisión.
Michael Langhans, director ejecutivo de la sección alemana del Foro Europeo para la Libertad Religiosa (FOREF), presentó un análisis jurídico en el que cuestionó si la prisión preventiva del presidente Lee, de la Iglesia Shincheonji, era necesaria, teniendo en cuenta que ya existían pruebas suficientes para formular una acusación, y si dichas pruebas fueron recopiladas de manera neutral, en lugar de partir de una narrativa que presenta a la comunidad del acusado como una “secta” o un “culto”. Sostuvo que el caso plantea una cuestión más amplia para los legisladores: si las medidas destinadas a proteger la equidad de las elecciones pueden aplicarse sin anular el derecho a la libertad de religión, garantizado tanto por la Constitución como por el derecho internacional.
Márk Nemes, , director adjunto del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR), compartió sus reflexiones sobre los efectos de la persecución en curso y sus posibles repercusiones para las comunidades religiosas minoritarias. Señaló tres investigaciones académicas recientes realizadas en congregaciones seleccionadas de Shincheonji en Europa, Argentina y Australia, cada una de las cuales constató un preocupante aumento de la hostilidad hacia este movimiento religioso, que por lo demás se caracteriza por ser pacífico y cooperativo. Subrayó que Shincheonji no es simplemente una iglesia minoritaria de Corea del Sur, sino un movimiento religioso mundial con congregaciones en distintos países. La persecución desproporcionada en Corea del Sur afecta la vida de sus miembros en el extranjero, cuyas libertades de expresar y practicar su fe, consagradas en los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), son derechos inalienables y deben ser tomadas en consideración durante el proceso actual.
Massimo Introvigne, director general del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR) y editor en jefe de Bitter Winter, afirmó que Corea del Sur “ha cruzado una línea preocupante” al arrestar al presidente Lee. Sostuvo que, de acuerdo con normas internacionales como las Reglas Mandela, una persona de 95 años acusada de un delito no violento debería permanecer bajo arresto domiciliario en lugar de ser encarcelada. Señaló que los cargos, relacionados con la participación política ordinaria de miembros de una minoría religiosa, “parecen excesivos tanto desde el punto de vista jurídico como conceptual”, y advirtió que el caso forma parte de un patrón más amplio de presión contra las comunidades religiosas minoritarias en el país.
Las organizaciones instaron a las autoridades surcoreanas, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional a examinar estos acontecimientos prestando especial atención al debido proceso, la proporcionalidad y la protección igualitaria de los derechos fundamentales. Asimismo, pusieron a disposición documentación adicional para apoyar la continuidad de la cobertura informativa.
Al concluir la conferencia de prensa, los académicos presentes firmaron una carta oficial en la que solicitaron al Gobierno de la República de Corea la liberación inmediata del presidente Lee.
